Las mismas fuentes aseguraron que se ha remitido al delegado de la Agencia Tributaria la certificación de las Cortes sobre la tributación de los parlamentarios populares durante los últimos cinco años.

Los servicios jurídicos del PP también estudian acciones legales contra el presidente de las Cortes, el socialista José María Barrera, por una posible retención ilegal de fondos públicos, así como por la "parcialidad" del informe de interventor contratado recientemente por la Cámara, Federico Diego Espuny, dijeron las fuentes consultadas.

La Intervención de las Cortes regionales realizó un informe sobre las cuentas del Grupo Popular en el período 1988-92, en el que se han detectado presuntas irregularidades, entre ellas la no justificación de gasto de 198 millones recibidos en concepto de subvención de las Cortes a los grupos parlamentarios.

En el escrito del interventor se hace saber también que no cosnta que se hayan pracicado las retenciones fiscales de las percepciones recibidas por los diputados y en determinados casos tampoco consta que se hayan practicado retenciones a pagas extraordinarias o gratificaciones al personal que trabaja en el Grupo Popular (secretarias y asesores).

Los Grupos Socialistas y de Izquierda Unida no han justificado 533.706 y 377.337 pesetas, respectivamente, correspondientes al período 1988-92.