Fuentes del PP confirmaron así a Servimedia que su posición permanece intacta y que mantienen su ‘no’ al gravamen que este martes superó el primer paso parlamentario en el Congreso tal y como está establecido en estos momentos.

En primer lugar, porque avanzan que los borradores que se intercambian en Europa hablan de una posible “abolición” de aquellas figuras tributarias sobre compañías eléctricas que no se equiparen a la tasa propuesta por Bruselas. Y, en segundo lugar, porque la finalidad del impuesto del Ejecutivo no está orientada a reducir la factura de la luz.

Según las últimas informaciones, la Comisión Europea prevé introducir en su plan una “contribución solidaria” para que las compañías gasísticas y petroleras aporten el 33% de cualquier beneficio que supere en un 20% la media de sus ganancias en los últimos tres años. Además, esa tasa tendría que ir dirigida a abaratar el recibo de la luz y del gas de familias y empresas, aunque Bruselas deja en mano de los Estados miembro la posibilidad de incorporar una discriminación por renta, así como otros mecanismos.

En Génova se mostraron a favor de esta fórmula –avalada por el PP europeo– frente al impuesto propuesto por el Gobierno. Los motivos son varios. En su plan energético, bautizado como ‘Propuestas para un pacto energético que proteja a familia y empresas: un plan para la recuperación de la economía española’, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo advierte de que la nueva figura fiscal “realmente gravaría la cifra de negocios y no los beneficios extraordinarios”.

POSIBLE “ABOLICIÓN”

Es decir, que las compañías eléctricas tributarían según el aumento de sus ingresos –sin tener en cuenta sus gastos– en vez de por el incremento de su margen de ganancias –“beneficios extraordinarios” –. Así las cosas, el documento de los populares alerta de que este hecho puede suponer la “posterior abolición” del gravamen por parte de la Unión Europea, lo que concluiría en diversas consecuencias económicas para España, siempre y cuando la Cámara Baja apruebe de forma definitiva este impuesto extraordinario junto a la tasa de Bruselas.

“La UE ha alertado de que la aprobación de un impuesto que no se someta a sus planteamientos para el conjunto podría conllevar su posterior abolición. Para evitar que España pueda sufrir las consecuencias de un mal diseño del impuesto, proponemos la retirada de la proposición de ley de los socios de Gobierno hasta que no se haya fijado una posición común que permita una decisión definitiva”, reza el texto de propuestas del PP.

Asimismo, desde el principal partido de la oposición han señalado que aplicar el impuesto del Gobierno junto a la tasa de Bruselas podría suponer una “doble imposición” a las grandes eléctricas, que, en ese escenario, pagarían dos veces por conceptos similares. De producirse, las mismas fuentes auguraron que los tribunales podrían sancionar al Estado a “devolver” a las grandes corporaciones eléctricas “la pasta” recaudada con este gravamen.

EFECTOS SOBRE LA FACTURA

Otro de los aspectos que los populares afean al Gobierno con este nuevo impuesto es que la recaudación tributaria no se destine a abaratar la factura de la luz y del gas de las familias y empresas, como sí hace la tasa de Bruselas, que nace con esa vocación. Además, los populares mantienen que el impuesto que el Ejecutivo quiere imponer a las grandes energéticas incrementará la factura de la luz.

“El impuesto no va a reducir la factura, va a meter el dinero en la caja”, afirmó un miembro del Comité de Dirección del PP este pasado lunes. “La clave del Partido Popular es que de entrada ‘sí’ a toda aquella medida que produzca la reducción del recibo de la luz de los españoles, cosa que este impuesto no hace. Y de entrada ‘no’ a toda aquella medida que no represente bajar la factura de la luz y que haga que el dinero esté en la caja y no vaya a las familias”, apuntaló.

“TECNOLOGÍAS MARGINALES”

En línea con este argumento, desde el PP celebraron que la Comisión Europea proponga establecer un tope al precio de la energía nuclear, hidráulicas y las renovables (conocidas como “inframarginales”) de 180 euros por megavatio hora (MWh) para que las compañías energéticas aporten a los Estados la integridad del importe que supere este límite, y subrayaron que esta medida está en su plan energético.

“No tiene nada que ver lo que se debate aquí (España) con lo que se debate en Europa”, resumieron desde la directiva del PP, que insisten en retirar la propuesta de ley de PSOE y Unidas Podemos. Preguntadas por la posibilidad de presentar enmiendas para introducir en la ley estas modificaciones, las mismas fuentes apuntaron que es el Gobierno el que debe traer un proyecto definitivo a las Cortes, aunque no llegaron a descartar esta posibilidad de forma definitiva.