El objetivo de esta iniciativa es "defender" las competencias de la Comunidad de Madrid en materia tributaria ante "cualquier tipo de armonización fiscal" que pueda suponer una subida de impuestos "encubierta”.

Esta Ley obliga a la Asamblea de Madrid y a los órganos superiores de Gobierno y Administración autonómica a reaccionar con todos los mecanismos legislativos a su alcance ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera de la región.

Asimismo, esta norma, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, regulará la autonomía de ingresos, concretada en la capacidad del Ejecutivo autonómico para regular y ejecutar sus propios tributos, los recargos sobre impuestos estatales y los impuestos cedidos por el Estado. También se reglamenta la autonomía de gasto de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria.

Durante el debate parlamentario, el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé dijo que esta ley es un "fuego de artificio", aunque la apoyó para no dar "ni una victoria" a la izquierda en esta legislatura.

El diputado del PP Álvaro Ballarín dijo que esta norma nace a raíz de que el Ejecutivo central ha querido "hacer saltar el tablero" de la fiscalidad porque en Madrid las cosas "iban mejor" que en las autonomías socialistas donde se "suben impuestos".

El diputado socialista Fernando Fernández aseguró que esta ley no incluye novedad normativa alguna, que es "innecesaria" y que, además, no respeta "ningún principio de seguridad jurídica".

El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez dijo que se parte de un supuesto "falso", un "delirio", como que pueda haber una amenaza de "perder la autonomía", un "riesgo que no existe" y que además no contempla la Constitución.

La diputada de Unidas Podemos Sol Sánchez dijo que esta Ley es un "delirio" porque su objetivo es "garantizar lo ya garantizado", mientras que se promulga una "libertad" cuando no pueden ejercer la autonomía financiera "sin sometimiento pleno al derecho".