El eurodiputado popular Agustín Díaz de Mera asegura en una nota de prensa que esta aprobación es el "primer y decidido paso de la UE para tener una verdadera política de inmigración común".

Desde que la Comisión Europea presentara la primera propuesta por petición expresa de los jefes de Gobierno de la UE en la cumbre de Bruselas de noviembre de 2004, han sido necesarios tres años de debate hasta alcanzar un texto que cuente con el respaldo de los 27 países comunitarios y del Parlamento Europeo.

"Esta directiva es un paso firme y decidido hacia la necesaria política común en materia de inmigración, además es un instrumento jurídico imprescindible para salvaguardar los derechos fundamentales de los inmigrantes y una condición previa para hacer progresos en la regulación de la inmigración legal", afirmó Díaz de Mera.

La directiva, explicó el eurodiputado del PP, establece "como objetivo prioritario y preferente el retorno voluntario de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular en los Estados miembros, poniendo a su disposición los medios necesarios para que el regreso a sus países, se realice de forma adecuada y sin coste para ellos".

El retorno forzoso, añadió, "se plantea como último recurso, y siempre bajo el estricto respeto a los derechos fundamentales".

"La asistencia letrada y lingüística que se pone a disposición de los inmigrantes y la posibilidad de recurrir la decisión de retorno ante un órgano judicial o administrativo creado al efecto son ejemplos del carácter subsidiario que se ha querido conceder al retorno forzoso frente al voluntario", subrayó el eurodiputado popular.

Díaz de Mera resaltó que uno de los elementos esenciales de la nueva directiva será el período máximo de retención. Al respecto, afirmó que el acuerdo pone fin "a algo difícilmente comprensible como es que en la UE haya lugares donde los inmigrantes pueden ser retenidos indefinidamente" y destacó que ningún Estado podrá utilizar la directiva "para endurecer sus leyes en materia de inmigración, singularmente en lo referido a los plazos de retención".

España, con 40 días, es junto con Francia y Chipre uno de los países en los que el período de retención es más corto. Sin embargo, ese período supera los seis meses en países como Hungría, Bélgica o Polonia; alcanza los 18 meses en Alemania y ni siquiera tiene límites en otros países como el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Irlanda u Holanda, por citar algunos ejemplos.

Díaz de Mera rechazó las críticas que ha recibido el proyecto de directiva porque frente a las lagunas legales que ahora existen en la UE y que perjudican a los inmigrantes ilegales el nuevo texto establece una clara delimitación entre retorno y asilo, otorga garantías jurídicas claras sobre la orden de detención", fija más y mejores condiciones para los menores y sus familias y, además, ofrece la posibilidad de que el Tribunal de Justicia de la UE tenga competencias en la materia.