En una nota de prensa, el PP andaluz afirma que "esta actitud de bloqueo del Gobierno de Chaves supone un grave impedimento al derecho de los grupos políticos al control parlamentario que viene recogida en la Constitución Española y el propio reglamento de la Cámara autonómica".

A su juicio, el Gobierno de Chaves "vulnera el derecho de los diputados a reciir información veraz, a la par que se incumple la propia ley elaborada por el Gobierno andaluz que obliga al Consejo de Gobierno a dar toda la información que precisen los parlamentarios".

Según el PP, el desprecio hacia el Parlamento andaluz "roza límites intolerables" en consejerías como Presidencia y Salud, que no contestan a más del 50% de las iniciativas de los populares, así como en la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, con un 40% de preguntas sin responder.

Ante esta situación,el PP andaluz ha recabado en seis ocasiones el amparo del presidente del Parlamento regional, sin obtener "fruto alguno", por lo que finalmente ha decidido acudir a la vía contencioso-administrativa "para restituir los derechos de los parlamentarios del Grupo Popular". Además, no descarta acudir, en segunda instancia, al Tribunal Constitucional.