Argumentó que el número de funcionarios "creció en los años de Gobierno socialista un 30 por ciento, mientras que en la media de la Comunidad Europea lo hizo a un 10 por cien", y resaltó que esa diferencia se ha dado pese a que en España corrió paralelo a un proceso de transferencias de competencias a las autonomías.

Núñez insistió en que, según sus estimaciones, hay en la Administración central 7.694 altos cargos, si bien aclaró que el Gobierno sólo cosidera como tales de directores generales para arriba y el PP incluye a subdirectores generales, directores generales adjuntos, consejeros técnicos, asesores y otros.

Aseguró que, al margen de discusiones terminológicas, el conjunto de altos cargos y puestos de alto nivel era en 1983 sólo 1.600, y añadió que el aumento es particularmente injustificado porque deberían haberse reducido, debido a las transferencias a las autonomías.

Núñez criticó el argumento empleado por el Gobierno contra el recore de altos cargos que propone el PP, basado en indicar que afectaría a colectivos altamente cualificados como abogados del Estado, economistas o personal diplomático.

Adujo que, con el PSOE, el aumento de altos cargos y puestos de alto nivel no se producido en esos colectivos porque en 1983 el número de abogados del Estado era el mismo que hay que ahora y similar el número de inspectores de Hacienda y de Trabajo, o el de embajadores.

Recalcó que el PP no pretende reducir estos efectivos, sino lasunidades administrativas que han quedado sin funciones por las transferencias a comunidades autónomas o por otras razones, procediendo a reasignar a los funcionarios a puestos donde hagan falta.