Por eso, los populares pidieron al Ejecutivo que transfiera la cuantía económica real que estas instituciones están asumiendo, "en vez de aprobar un fondo claramente insuficiente en relación al esfuerzo que hace la administración autonómica y local".

El PP recuerda que "la inmigración es una realidad social que se ha visto incrementada muy recientemente a causa del 'efecto llamada' generado por el proceso de regularización extraordinario, como lo constatan los 700.000 nuevos inmigrantes empadronados en sólo un año, más de los 200.000 que lo han hecho en los tres primeros meses de 2005".

Asimismo, señala que son los ayuntamientos y las comunidades autónomas los que deben atender a estos miles de personas en sus necesidades más inmediatas y en su inserción, debido a la delegación de responsabilidades que ha demostrado el Gobierno en todo el proceso de regularización.

Como muestra del gasto que afrontan las comunidades autónomas, el PP subraya que en 2004 Valencia destinó casi 228 millones de euros a la atención de inmigrantes en materia de educación, vivienda, sanidad y asuntos sociales, y en Madrid el gasto superó los 900 millones de euros.