Los populares plantearon este conflicto en la Junta de Portavoces y la pretensión es que se debata en el Pleno del martes 11 de febrero. Si no hay un giro en los acontecimientos, saldrá adelante ese mismo día gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta.

La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia se publicó el pasado 3 de enero en el BOE y recogía una subida salarial en la que no se incluía a los jueces (grupo 5) ni a los órganos unipersonales y tribunales de instancia (grupo 4). Solo ocho días después, el 11 de enero, el Gobierno publicó una corrección de errores para reparar esta equivocación.

En su escrito, el PP denuncia que no hay ninguna explicación en el BOE de dónde proviene esta corrección, aunque sí reconoce la existencia de una enmienda transaccional de Sumar que afecta al anexo en el que se recoge las cuantías de la subida salarial. Sin embargo, aseguran que su contenido “no está publicado de ningún modo”, por lo que “es imposible verificar” si se acoge a la corrección de errores publicada en el BOE.

El PP sentencia así que este es un uso “fraudulento” de la corrección de errores, ya que solo está disponible “para modificaciones ortográficas” y “una ley solo se puede modificar mediante otra ley”, como afirmó su portavoz en el Senado, Alicia García. Por ello, el PP registró en la tarde del lunes su propia proposición para enmendar la errata del Gobierno, al tiempo que reclamó plantear este conflicto de atribuciones para pedir al Gobierno y al Congreso que revoque el BOE y el BOCG.

TIEMPOS DEL CONFLICTO

Si el PP materializa su amenaza y aprueba el conflicto de atribuciones en el Pleno del Senado, se abrirán dos fases. En la primera, la Cámara Alta requerirá formalmente al Gobierno y al Congreso la retirada de la corrección de errores, un paso que ya se dio con la ley de amnistía. Entonces se planteó el primer choque institucional entre cámaras de la democracia.

La Cámara Baja, que tiene 30 días para contestar, rechazó en ese momento revertir la tramitación de la amnistía. En estos casos, existe la opción de elevarlo al Tribunal Constitucional, que deberá resolver el conflicto, aunque el PP no optó por esta vía por su poca confianza en el tribunal de garantías que, a su juicio, está “trufado” por el PSOE.

A la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos, la portavoz del PP en el Senado aseveró este es el “enésimo abuso” del Ejecutivo en el proceso legislativo y acusó al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de “legislar a espaldas del Parlamento”. “Siguen las instrucciones de su amo Sánchez, quien dijo al más puro estilo autócrata que gobernaría con o sin el apoyo del Parlamento”, apostilló García.