El Ministerio de Hacienda ha respondido a un ciudadano que solicitó, a través del Congreso de los Diputados, una pensión para los ex ombatientes del "Frente Popular", derecho regulado ya a través de una ley de 1984 para todos los combatientes que obtuvieron en las fuerzas armadas republicanas, al menos, el empleo o grado de suboficial.

"La concesión de una pensión a todos los participantes en la pasada Guerra Civil española sin límites ni condiciones resultaría inviable desde el punto de vista presupuestario", argumenta el Gobierno.

No obstante, añade, "dentro de la distribucion equitativa de unos recursos económicos siempre ecasos, ha de considerarse que la política de reparaciones de los daños de la Guerra Civil practicada por el Estado español ha sido y viene siendo amplia y generosa, de la que se han visto beneficiadas más de 700.000 personas en los últimos 25 años".

Por tanto, el Ejecutivo entiende que no procede ampliar a nuevos colectivos los beneficios económicos reconocidos en la llamada legislación especial derivada de la Guerra Civil ni, con carácter general, modificar la normativa vigente en la materia".

E Ministerio de Hacienda recuerda en este escrito que los poderes públicos han adoptado desde 1976 diversas normas en favor de quienes sufrieron las consecuencias del conflicto, que han supuesto la progresiva ampliación de los colectivos beneficiados.

No obstante, reconoce el Ejecutivo, "las guerras originan consecuencias de tal magnitud que dan lugar a auténticas cargas o sacrificios colectivos cuya completa reparación rebasa totalmente las posibilidades de las finanzas públicas".

"Los efectos neativos de la Guerra Civil", concluye, "alcanzaron a todos los españoles, tanto a los que combatieron en el frente, entre los que parece encontrarse el interesado, como a los que soportaron los bombardeos y situaciones de necesidad en el campo y en las ciudades".