Según este comunicado, la investigación afecta a las "presuntas conductas delictivas en el entorno de un reducido número de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía" y, según añade, "dicha investigación se ha practicado en todo momento con el conocimiento de la autoridad judicial pertinente".

El mismo texto explica que las pesquisas "se han desarrollado por funcionarios de la Brigada de égimen Interior (BRI)", pertenecientes a la Dirección General de la Policía en Madrid, "en colaboración con funcionarios propios de esta Jefatura Superior".

La presunta trama de corrupción policial estaría compuesta, según han informado fuentes policiales a Servimedia, por funcionarios de las comisarías de Centro y San José que habrían cobrado comisiones a algunos locales de prostitución por mantenerlos a salvo de inspecciones y redadas.

Entre las actividades ilegales presuntamente llevadas a cab por estos policías estarían también el facilitar droga a determinados confidentes, permitir a pequeños traficantes su "negocio", a cambio de dinero e informaciones y la extorsión a inmigrantes ilegales, especialmente mujeres empleadas en establecimientos dedicados a la prostitución.

La investigación sobre esta presunta trama de corrupción se habría iniciado después de que el juzgado de instrucción número 1 de Zaragoza recibiese la denuncia de un establecimiento hostelero, al que algunos de los policís bajo sospecha habrían exigido el pago de un "canon de protección".

Por su parte, fuentes de la Unión Federal de Policía (UFP), sindicato mayoritario en Zaragoza, reconocieron a Servimedia que esta organización sindical tenía conocimiento de las mencionadas investigaciones desde hacía tiempo.

Según las mismas fuentes, "está bien claro que, por encima de los investigados, hay personas en la misma Jefatura Superior de Policía de Zaragoza todavía mucho más responsables de los hechos que se investign".