Según informó este viernes, las autoridades argentinas buscaban a la fugitiva venezolana por unos hechos ocurridos en 2018. Además, tenía en vigor una Orden Internacional de Detención (OID) y una notificación roja de Interpol.

La investigación comenzó a mediados de febrero cuando los agentes tuvieron conocimiento de que la arrestada tenía en vigor la notificación roja de Interpol emitida por las autoridades de Argentina. En ese momento, la Policía Nacional comenzó a realizar gestiones con el objetivo de ubicar su posible entorno social y familiar y, de esta manera, comprobar si la fugitiva residía y trabajaba en España. Las pesquisas revelaron que vivía en Madrid, por lo que se estableció un dispositivo policial en torno a su domicilio que finalizó con su localización y detención.

Según la Policía Nacional, los miembros del entramado criminal al que pertenecía la fugitiva actuaban de forma concertada con el objetivo de cometer un número indeterminado de delitos, en su mayoría patrimoniales, defraudaciones y extorsiones a través de medios informáticos y utilizando el sistema bancario.

Estas actividades generaron un elevado flujo de dinero que, además de circular por distintos países, sirvió para solventar gastos y mantener su propia estructura, así como para obtener un beneficio patrimonial y financiar otras actividades, hasta el momento no identificadas.

Esta detención supone el primer arresto de una persona fugada de la justicia dentro del proyecto internacional de localización de prófugos en América Latina, todo ello en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (Paccto).