En 2007 se llevaron a cabo un total de 752 investigaciones que dieron lugar a la instrucción de 342 atestados, 76 informes a las autoridades judiciales y más de 750 informes a entidades de la Seguridad Social.

En estas operaciones e intervenciones resultaron detenidas un total de 403 personas, mientras que otras 179 fueron imputadas. Además, para destapar este fraude la Policía Judicial investigó a 404 personas jurídicas y más de 1.650 personas físicas.

Entre los principales delitos figura el fraude contra la Seguridad Social, que son cometidos por los responsables de empresas que incumplen sistemáticamente la obligación de cotizar y tratan de ocultar la verdadera titularidad de las compañías utilizando sociedades interpuestas o testaferros.

En segundo lugar figura la insolvencia punible, cometida por aquellas personas jurídicas en las que tras acumularse deuda con la Seguridad Social cambian la denominación de la empresa o producen una descapitalización de la misma.

La Seguridad Social también apunta como delito más frecuente la falsificación de documentos de cotización, y suele ser cometido por responsables de empresas que fundamentalmente actúan en la modalidad de subcontratas en la construcción o servicios.

Finalmente, existen otro tipo de falsedades documentales en relación con el alta y la afiliación de trabajadores llevadas a cabo, en unos casos para simular una relación laboral inexistente y para obtener prestaciones o subsidios, y en otros, caso de ciudadanos extranjeros en situación ilegal, para realizar una actividad laboral cuando carecen del preceptivo permiso de trabajo.