Fuentes de la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil informaron de que los inmigrantes, en su mayoría de origen marroquí, pagaban hasta 4.000 euros para obtener permisos de residencia y trabajo en este país.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano marroquí, en la ComisaríaProvincial de Ávila, en la que daba cuenta de la existencia de un grupo que se ofrecía para regularizar a ciudadanos extranjeros mediante la presentación de solicitudes de trabajo falsas.

Los arrestados presentaban las supuestas ofertas de trabajo a través de una sociedad cooperativa ficticia con sede en Salamanca, que se dedicaba al comercio ambulante y que estaba presidida por un ciudadano español.

La Policía pudo averiguar que esta persona contaba con el apoyo de varios individuos para la captación de clientes, tanto en sus países de origen como en territorio español. Las solicitudes presentadas ante la Administración por este grupo eran inviables y simplemente las tramitaban para justificarse ante las víctimas.

Para dar credibilidad a la gestión de la cooperativa, los detenidos habían fijado falsos domicilios sociales situados en viviendas alquiladas o locales vacíos, repartidos por diversos puntos de la geografía española.

Además, en un intento de evitar levantar sospechas ante el elevado número de solicitudes, presentaban las ofertas de trabajo en distintas subdelegaciones y delegaciones del Gobierno de toda España.