De acuedo con la misma fuente oficial, los agentes policiales recibieron información sobre la existencia de un locutorio ilegal y, tras obtener la correspondiente orden judicial, registraron el piso.

En el momento de la inspección policial, un ciudadano extranjero realizaba una llamada a su país de origen, mientras otos nueve esperaban su turno.

Asímismo, los funcionarios descubrieron que cinco de los clientes eran emigrantes ilegales, según el mismo testimonio policial.

La única línea del locutorio estaba a nombre de una mujer a la que habían sustraído el carnet de identidad, documento con el que los chilenos solicitaron la instalación de teléfono.

Técnicos de la compañía Telefónica comprobaron que el importe de los pasos contabilizados desde el pasado 7 de febrero ascendía a un total de 8.934.623 pesets.

Los detenidos son Francisco Rogelio Contreras Andoni, de 47 años; María Elena Peña Morales, de 41, y Gustavo Enrique Quezada Canales, de 30. Los dos primeros tenían alquilado el inmueble mientras el segundo colaboraba con ellos en el negocio fraudulento.