Según informó este lunes la Policía Nacional, la investigación comenzó el pasado mes de mayo tras recibir un escrito-denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social, con la denuncia se requería la actuación policial ante diversas actuaciones irregulares llevadas a cabo por una sociedad con actividad en Albacete con el fin de eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.

La empresa denunciada, que supuestamente se dedicaba al comercio de maquinaria agrícola al por mayor, resultó ser una vivienda residencial sin actividad comercial, según la información del catastro.

Por ello, los agentes tomaron declaración a varios trabajadores de la sociedad que no cobraron ninguna prestación por desempleo, los cuales manifestaron que nunca habían trabajado para esta empresa y que habían pagado una cantidad de dinero a una persona para poder cotizar a la Seguridad Social.

Tras labores de investigación se pudo identificar a esta persona, que junto a su mujer figuraban como administradores de 30 sociedades, muchas de ellas con la actividad de comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas en las ciudades de Albacete, Alicante, Cuenca y Valencia.

TESTAFERROS

La mayoría de estas empresas compartían un nexo común y es que les constaba un mismo abogado de la ciudad de Albacete como tramitador autorizado para realizar gestiones (autorizado RED) ante la Seguridad Social.

A este letrado le constaban antecedentes policiales por fraude de prestaciones a la Seguridad Social y Falsificación Documental y al supuesto administrador también le figuraban numerosas reseñas policiales por delitos de estafa, defraudación y falsificación de documentos.

La investigación se enfocó en un grupo en Albacete que operaba a través de sociedades ficticias para obtener ilegalmente prestaciones por desempleo. Utilizaban testaferros y colocaban a familiares cercanos como empleados para cobrar subsidios del SEPE.

GRUPO CRIMINAL

Los agentes pudieron determinar que buena parte de las empresas gestionadas por el autorizado RED eran ficticias y también afloraron otras sociedades con altas irregulares de trabajadores en empresas que sí tenían una actividad real.

La mayoría de los detenidos se encontraba en la provincia de Albacete (41) y se les acusa de fraude en la obtención de prestaciones, sin embargo, al abogado, junto a sus testaferros, también se les ha imputado un delito de pertenencia a grupo criminal al considerarse que habían creado un entramado empresarial con el fin de defraudar al SEPE.

El fraude por el entramado empresarial asciende a más de 300.000 euros sin embargo, con esta investigación ha aflorado otro posible fraude a Hacienda cercano a los 12 millones de euros.