En su exposición de motivos, Podemos señala que a pesar de la existencia de instrumentos jurídicos vinculantes a nivel internacional y nacional que garantizan la protección de los derechos fundamentales y el acceso a servicios públicos esenciales de la infancia y la adolescencia, los menores cuyos progenitores se encuentran en situación irregular sufren obstáculos para ejercer sus derechos.

Así pues, recuerda un reciente estudio publicado por Save the Children y la Fundación Por Causa, que establece que en España hay 147.000 menores migrantes en esta situación, de los cuales la mitad tiene menos de 10 años y casi un 40% menos de cinco.

Esto le sirve para atestiguar que las conclusiones del estudio ponen de manifiesto que la infancia en esta situación está marcada por un “elevado riesgo de pobreza” y por “la vulneración de derechos fundamentales”, como lo atestigua que vivan en hogares marcados por “niveles más bajos de renta y mayor riesgo de exclusión social”.

Esta situación, según Podemos, “se agrava cuando hay niños o niñas presentes en el hogar”, ya que “la probabilidad de riesgo de pobreza para un hogar con menores a cargo y con nacionalidad española es del 14%; si este mismo hogar es de personas de nacionalidad extracomunitaria, la probabilidad asciende al 48%”.

A su juicio, el estatus administrativo de padres y madres sin permisos de residencia y/o trabajo provoca una “doble vulnerabilidad”: por un lado, supone “una falta de oportunidades laborales” que “multiplica el riesgo de padecer pobreza”; por otro, les impide el acceso a prestaciones que les garantizarían una red de seguridad, como el Ingreso Mínimo Vital.

Esto le sirve para concluir que “el desamparo administrativo deriva en un elemento determinante en la perpetuación de la herencia de la pobreza”, a pesar de que “la condición de minoría de edad prevalece sobre el estatus migratorio de niños y niñas, y en tanto que infancia, tienen exactamente los mismos derechos que el resto”.

En ese sentido, el hecho de que estos chavales no cuenten con un número de identificación personal o de un NIE les impide cursar la educación en todas sus fases, participar en actividades deportivas, acceder al préstamo de libros de las bibliotecas o ir a excursiones extraescolares, a pesar de las normas nacionales e internacionales que llaman a acabar con este tipo de situaciones.

Por todo ello, Podemos ha presentado la referida proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a desarrollar las medidas necesarias para proteger a la infancia cuyos padres se encuentran en situación irregular, garantizando por ley que ningún menor carece de un número de identificación que le impida acceder al conjunto de los servicios públicos.

También le invita a trabajar con las comunidades autónomas para avanzar en la inclusión de la infancia migrante en situación irregular en el sistema de garantía de rentas y ayudas de emergencia.