Lo hizo en rueda de prensa poco antes de que el PSOE anunciara que presentará a través de su grupo parlamentario una proposición de ley para “retocar y corregir los efectos indeseados” en cuanto a rebaja de penas de ciertos agresores sexuales y sin “tocar el consentimiento expreso” de la mujer.

Serra insistió en presentar la ley como “un avance histórico para nuestro país” por, entre otras cosas, “acabar con el hecho de que las mujeres tengan que haber probado resistencia para ser consideradas víctimas de agresión” y “poner el consentimiento en el centro”. Es decir, que a las mujeres no se les pregunte si se han resistido sino si han consentido.

Como siempre ha hecho Podemos, atribuyó los ataques a la norma a una “ofensiva” de la “derecha política, jurídica y mediática”, cuando a su modo de ver las rebajas son culpa de la mala aplicación de la misma por parte de “una minoría de jueces”, que soslayan el Derecho transitoria y el espíritu de la ley. Esa derecha estaría ahora “presionando también a nuestro socio para volver al modelo anterior, en el que se exige a la víctima haberse resistido para ser considerada víctima de agresión sexual”; el que distinguía entre abuso y agresión sexual según hubiera habido o no violencia o intimidación por parte del violador.

Además, enumeró el decálogo de medidas propuestas hoy por el Ministerio de Igualdad, algunas incluidas en la propia ley, como que los juzgados de violencia contra la mujer, más especializados en temas de género, juzguen también los delitos sexuales.

Serra aseguró haber “trabajado muchas opciones con el Partido Socialista” para corregir el efecto de las rebajas de penas, pero que ambos socios son conscientes de que ninguna modificación del apartado penal de la ley “va a hacer frente al problema de las revisiones de penas”, al ser éstas cosa de los propios jueces. Emplazó a preguntar al PSOE “por qué hace una propuesta aun sabiendo eso”, pero insinuó que es “resultado de la presión de sectores conservadores para volver al modelo anterior, que no compartimos”.

ABUSO, AGRESIÓN Y CONSENTIMIENTO

La portavoz de Podemos descartó que se pueda separar los delitos de agresión y abuso sin afectar al consentimiento, porque “desde el momento en que se exige violencia e intimidación es una vuelta al modelo anterior” y por tanto “una vuelta hacia atrás que echa por tierra un avance feminista como esta ley”.

Es decir, que, cualquier distinción de penas pasaría a dejar de pivotar sobre el consentimiento de la mujer pasando a hacerlo sobre su resistencia, e “implica un calvario probatorio para ser consideradas víctimas de agresión sexual”. En definitiva, con un cambio en la línea de lo que augura la proposición del PSOE “se está exigiendo que la víctima se resistiese, es una vuelta al modelo anterior”. Por tanto, ella se comprometió a “seguir preservando el corazón de la ley”.

Serra confía en que, si son los juzgados de violencia de género los que instruyan las agresiones sexuales, que “tienen formación para comprender el nuevo esquema penal y cómo se produce la violencia sexual”, “aplicarán bien” la ley; de ahí la importancia de una de las medidas del decálogo de Igualdad.

Como la rueda de prensa fue anterior al anuncio de la portavoz de la Ejecutiva socialista, Pilar Alegría, de que su grupo parlamentario presentará la proposición de ley, Serra afirmó que Podemos no se situaba en el “escenario de que el Partido Socialista pueda llevar a cabo un retroceso con los votos del PP”.

En una rueda de prensa posterior, justo después de que Alegría hiciera su anuncio, la portavoz de la Ejecutiva de Izquierda Unida, Sira Rego, puntualizó que para IU sería “clave que el eje central no se modificara, que tiene que ver con el consentimiento”; ahí ve el cambio de paradigma y la libertad sexual de las mujeres.

Ahora bien, deslizó que “puede ser positivo corregir algún efecto no deseado derivado de la aplicación de la ley”. En esta línea, asegurando que “está habiendo coordinación entre los ministerios implicados”, sentenció: “Saludamos la posibilidad de alguna modificación puntual”.