Este partido considera que, de este modo, la ciudadanía podrá conocer con transparencia "los intereses económicos de quienes dirigen y deciden la línea editorial de los medios de comunicación", según indicaron fuentes de la formación.

Las mismas fuentes sostienen que, “al igual que los políticos, pueden enfrentarse a conflictos de intereses que pongan en peligro el acceso constitucional a una información veraz de los ciudadanos”.

Podemos quiere que la norma afecte a los presentadores y directores de programas con algún contenido político en los grandes medios de comunicación, los de los informativos, y los miembros de los consejos de dirección y los propietarios de una cantidad significativa de participaciones en los mismos.

Quiere que todos ellos tengan la obligación legal de publicar sus participaciones en cualquier tipo de sociedades, cotizadas o no, especificando la actividad económica que desarrollan e incluyendo especialmente empresas que trabajan en sectores estratégicos, como la energía o la alimentación, empresas que operen en áreas que afectan a los derechos fundamentales, como la sanidad, la educación, los cuidados o la vivienda, y empresas que facturen una parte importante de sus ingresos a la administración pública. También que indiquen cualquier facturación que lleven a cabo de forma directa o indirecta con otras empresas o con la Administración pública.