Lo anunció este martes en rueda de prensa antes de la Junta de Portavoces el del Grupo Vasco, Aitor Esteban, quien aseguró que en su iniciativa no atacará “lo esencial de un servicio de información”, pues admitió que éste tiene “que existir en cualquier país”. Eso sí, tratará de “completar” los “pasos que no se dieron en su momento” cuando se estableció control judicial al antiguo Cesid.

Por un lado, la proposición del PNV incluirá que el nombramiento del director del CNI pase a ser a propuesta del presidente del Gobierno y no de un ministro, lo cual implicará “una responsabilidad política directa”.

Por otro, establecerá que los diputados de la comisión de secretos oficiales podrán conocer “los medios que se hayan utilizado” por el CNI, aunque no sus fuentes; que los jueces que den autorización a sus acciones sean tres y otorguen el permiso por unanimidad, y que se les detallen “las características concretas de los medios que se van a utilizar” por parte del CNI, porque a su juicio “necesitan saber el nivel de intromisión y qué incidencia en los derechos fundamentales” tiene el sistema utilizado.

“Se me hace muy difícil pensar que un juez con conocimiento concreto de lo que significa Pegasus lo autorice tan fácilmente”, deslizó, aunque a pregunta de los periodistas no concretó, recordando que se debe a secreto, si piensa que el espionaje a independentistas se permitió porque los jueces no conocían el nivel de incidencia del software israelí, que le parece “dudoso” para un país democrático.

Finalmente, Esteban explicó que la iniciativa del PNV contemplará un control a posteriori de las actividades del CNI: que, cuando termine la actuación, en principio autorizada para tres meses, el Centro de Inteligencia tendrá que “explicitar el grado de ejecución para ver si se ha adecuado el contenido a la autorización”.