Por una parte, recordó la “urgente” necesidad de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal.

Según reiteró la plataforma, se requieren actuaciones concretas reguladas a través de un marco legal, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.

En este sentido, la PMP expresó que esta lucha contra la brecha digital, actualmente centrada en los servicios financieros, “debe hacerse extensible y tener una réplica también en el resto de empresas privadas y en la Administración Pública, ya que las personas mayores también tienen que acceder a servicios esenciales, tales como el sanitario o el de empresas de telecomunicaciones o energéticas, entre otros”.