Desde el punto de vista de la PMP, este cambio representa “un grave atentado contra los derechos adquiridos” y genera una profunda inseguridad jurídica y económica para las numerosas personas contribuyentes que presentaron sus solicitudes en plazo y forma, siguiendo las instrucciones de la AEAT.

La Ley 7/2024 modificó los términos de reclamación, dejando sin efecto las solicitudes no resueltas antes del 22 de diciembre de 2024. De esta manera, en la actualidad las personas afectadas deben reclamar año a año entre 2025 y 2028, dentro de los plazos de la declaración del IRPF, lo que supone un perjuicio significativo para la mayoría de ellas.

La anulación de todas las solicitudes de devolución del IRPF pendientes retrasa dichas devoluciones en al menos cuatro años, lo cual, según la PMP, denota una “falta de sensibilidad y edadismo institucional por parte de la Administración Pública y el Gobierno”. Para las personas afectadas, reiniciar el proceso y fraccionar las devoluciones en cuatro ejercicios añade incertidumbre y trámites burocráticos innecesarios, ya que se trata de información que ya obra en poder de la Administración, con el agravante de que afecta principalmente a personas que ya tienen, en muchos casos, edades muy avanzadas.

En este sentido, la Plataforma recalcó que hablar de años en plazos para realizar una gestión, puede significar no llegar a realizarla para un grupo de contribuyentes especialmente vulnerable, que podría no llegar a percibir nunca la devolución que les corresponde.

Ante esta situación, la PMP instó al Ministerio de Hacienda a rectificar este injusto criterio y a que encuentre una solución a la mayor brevedad posible, de manera que se restauren los principios de equidad, igualdad de trato y de acceso para el conjunto de las personas contribuyentes que se encuentran en esta situación, teniendo en cuenta la perspectiva de edad, intrínseca a este grupo social afectado.

Asimismo, la PMP se sumó a la acción del Defensor del Pueblo y a las reclamaciones realizadas por los sindicatos, además de tomar la determinación de iniciar contactos con el Gobierno para que se repare el daño generado y se ponga fin a la clara situación de indefensión jurídica a la que se han visto empujadas, de manera arbitraria, las personas contribuyentes afectadas.