Durante la reunión trasladó a ambos representantes del PSOE en el Congreso su denuncia sobre la barrera de trato y atención personal en las entidades financieras que están sufriendo las personas mayores.

Entre las medidas que la PMP propone destacan la necesidad de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital.

En este sentido, los portavoces del PSOE se han comprometido a estudiar todas las enmiendas a las actuales leyes de protección de consumidores vulnerables para que recojan estos temas, así como a intentar llegar a un acuerdo con todos los partidos políticos para promover estos cambios. Además, ambos han anunciado que están llevando a cabo otras proposiciones no de ley sobre este asunto.

Para la PMP, “hay que abordar este problema con urgencia al tratarse de un problema muy real y que afecta a una parte muy importante y muy vulnerable de la población, tanto en las ciudades como muy especialmente en el mundo rural”. Por ello, reclama, “es tan importante que se produzca un cambio normativo y un pronunciamiento en el Congreso de los Diputados que ofrezca soluciones lo más inmediatas posible”.

Otras demandas planteadas por la PMP son la puesta en marcha por el sector bancario de medidas responsables como la creación de un “gestor del mayor” en cada una de las oficinas bancarias; complementar los servicios digitales con “una buena y personal” atención telefónica, o la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural; o que se aborden medidas concretas para poder alcanzar el incremento de las competencias digitales de las personas mayores, así como la necesidad de que las soluciones que se aporten sean sencillas, pero también accesibles para las personas con discapacidad mayores, entre otros.

Para la PMP, todas estas medidas deberían ser evaluadas durante su proceso de implantación, realizando un seguimiento para una real efectividad. Según explica, se requieren actuaciones concretas reguladas a través de ese nuevo marco legal que demandan, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.