De manera concreta, la PMP comparte la necesidad de un sistema que promueva como modelo "la atención centrada en la persona, menos institucionalizado y más basado en unidades de convivencia", al tiempo que manifiesta que viene trabajando desde hace tiempo para conseguir que las plantillas de las residencias "dejen de ser escasas y mal pagadas”.

“Para lograrlo hay que cambiar también el coste de plaza por día”, asegura. La Plataforma opina que “cambiar el modelo actual de residencias no puede hacerse de golpe, pero consideramos que deben de ser hogares y no centros sanitarios”.

Por otra parte, la PMP también comparte con el Defensor del Pueblo otros requerimientos reflejados en el informe y referentes a la brecha digital social que afecta a las personas mayores, sobre todo, en lo que se refiere a las mejoras de accesibilidad de los servicios de la Administración Electrónica, que “deben ser más personalizados e inclusivos”, y en cuanto a los servicios de telefonía e internet.

“Todavía continúa sin desarrollarse una normativa del Servicio de Atención al Cliente (SAC) que tenga en cuenta los especiales requerimientos de las personas mayores”, explica.

Desde hace meses la PMP viene realizando una campaña de incidencia política que pretende luchar contra la mencionada brecha digital principalmente en lo referente a los servicios bancarios, aunque manifiesta que dichas reivindicaciones “deben tener una réplica también en el resto de empresas privadas y en la Administración Pública”, ya que, incide, “las personas mayores también necesitan acceder con mayor facilidad a servicios esenciales, tales como el sanitario o el de empresas de telecomunicaciones, energéticas o aseguradoras, entre otros”.

Para ello, reclama la necesidad del desarrollo “urgente” de un marco legal específico que tenga en cuenta y proteja las especiales necesidades de las personas mayores como consumidores y usuarios de estos servicios.