En consecuencia, la aerolínea sostiene que tanto la declaración del representante legal de Plus Ultra como cualquier otra diligencia o prueba posterior que se solicite a partir de esa fecha sería nula y carecería de poder probatorio.

De hecho, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado también han avisado a la titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, de que, de practicarse, esta comparecencia sería nula, ya que se acordó semanas después de que el plazo de instrucción de la causa finalizase -el pasado 8 de abril- sin que se decretase la prórroga que obliga el artículo 324.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La aerolínea defiende que las diligencias realizadas hasta hoy no han aportado elemento alguno que pruebe que la empresa no cumpliera con los requisitos exigidos para recibir el préstamo de la SEPI y, por ello, para la aerolínea la causa debería de archivarse a la mayor brevedad.

Plus Ultra Líneas Aéreas considera que, con la apertura de estas diligencias fuera de plazo, “se prolonga injustamente el enorme daño que se está haciendo a la reputación de la compañía, a sus accionistas y a sus empleados al utilizarse instrumentalmente esta causa judicial por parte de determinados partidos políticos y medios de comunicación para intentar hacer daño a sus rivales políticos”.