La magistrada consideraba que su abstención estaba fundada en la participación como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en julio de 2009, en los trabajos preparatorios del informe sobre el anteproyecto de ley, que fue sometido a votación del Pleno del CGPJ, sin llegar a ser aprobado, por lo que no fue incorporado al proceso legislativo que dio lugar a su posterior aprobación.

El rechazo acordado este martes se fundamenta en cuatro consideraciones que se apoyan en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en las particularidades del caso. En primer lugar, dice el TC, la abstención ha sido presentada en un proceso de control abstracto de constitucionalidad de la ley, que no es un proceso de partes en el que se ventilen intereses particulares.

Además, indica que el objeto del recurso sobre el que ha de deliberar el Pleno no coincide con el del anteproyecto de ley sobre el que se recabó el fallido informe del Consejo General del Poder Judicial.

Menciona igualmente que la solicitud de recusación se vincula a la exteriorización de un criterio jurídico que fue expresada hace más de doce años, lo que es habitual, pues los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional, y no les inhabilita para ejercer su función en este tipo de procesos constitucionales.

Y en último lugar, el Pleno explica que pese a someterse a votación, los trabajos preparatorios del informe no vinculante solicitado por el Gobierno al CGPJ no dieron lugar a la aprobación de dictamen alguno, por lo que su contenido no fue trasladado al Gobierno.

Tras la decisión, anunciaron voto particular los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa.

MAS DE 12 AÑOS DESPUÉS

El Tribunal Constitucional comienza esta semana a deliberar sobre el recurso presentado en junio de 2010 por el PP, que en ese momento presidía Mariano Rajoy, contra la Ley de plazos del aborto. Las recusaciones presentadas por varios exparlamentarios populares contra cuatro magistrados, entre los que se encuentra el presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, puede poner en peligro el quorum necesario para tratar el tema.

Conde-Pumpido anunció tras su designación como presidente su intención de agilizar la revisión de los asuntos pendientes y adelantó que este recurso, pendiente desde hace ya más de 12 años, se analizaría en el Pleno convocado para los días 7, 8 y 9 de febrero.

La norma recurrida por los populares sustituía a la aprobada en 1985 superando el planteamiento de supuestos para implantar el modelo de plazos que permite interrumpir el embarazo en las 14 primeras semanas de gestación.

En todos estos años, el Constitucional no ha logrado ni siquiera llevar un borrador de sentencia al Pleno. Han desfilado por la institución cinco presidentes distintos y la norma ha tenido tres ponentes diferentes. El actual es el conservador Enrique Arnaldo, que tendrá que presentar su propuesta. El hecho de que se inicie la deliberación no asegura que haya una decisión inmediata.

Las recusaciones planteadas por cinco de los 71 diputados populares que firmaron en su día el recurso van dirigidas contra el presidente del TC y los magistrados Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel. Esta última, del sector conservador, ya expresó su intención de apartarse de la deliberación.

El Tribunal de garantías está tramitando estas recusaciones antes del inicio de la deliberación sobre el aborto porque, de no hacerlo, el presidente del TC se enfrenta a una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo. La idea es evitar quedarse sin el quorum suficiente para poder debatir el recurso. En estos momentos, el Constitucional cuenta con 11 miembros, por lo que, de apartarse cuatro de ellos, no se alcanzaría el número mínimo de ocho que permite abordar un asunto.