Hace seis meses, la reforma de la legislación civil y procesal acabó con estas incapacitaciones judiciales, que deben ser sustituidas por un sistema de apoyos individualizados para que las personas con discapacidad puedan tomar sus decisiones de forma autónoma.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) “ha optado por una interpretación restrictiva de la normativa que atañe a las personas con discapacidad intelectual y que tiene como consecuencia la imposibilidad de acceder a las prestaciones de la Seguridad Social de las que eran beneficiarias”, apuntaron las dos organizaciones en un comunicado.

"Si la reforma del Código Civil ha mantenido la vigencia de lo que establecía la Ley General de Seguridad Social sobre el acceso a las prestaciones familiares, ahora no se debería impedir que este colectivo de personas acceda a esas prestaciones, pese a que se haya implementado un sistema de provisión de apoyos en vez del anterior sistema de incapacitación judicial", afirmaron.

A su juicio, esto supondría la privación de “unos medios económicos básicos que en muchos casos resultan imprescindibles para su supervivencia”.