Así lo pusieron de manifiesto durante la clausura del I Congreso Internacional sobre Empleo para las Personas con Discapacidad Intelectual, celebrado en Santander.

La regulación vigente sobre el empleo de personas con discapacidad tiene su origen en la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), una norma de 1982.

"Resulta urgente revisar y actualizar esta normativa si queremos avanzar hacia un empleo más inclusivo. Sólo de este modo la legislación española podrá recoger los avances y nuevas realidades sociales logrados en los últimos años", explicó Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.

Desde el movimiento asociativo se señalan algunas prioridades que debería asumir la actualización de la legislación de inclusión laboral, como el aumento de la reserva de empleo público para personas con discapacidad intelectual, para que se pase del 2 al 3% de las ofertas públicas de empleo.

Además, se pide un "incremento de los contratos reservados a centros especiales de empleo" de iniciativa social desde las administraciones públicas, además de definir registros estatales y locales para estos centros.

Otra iniciativa es la creación de planes de formación y cualificación adaptados a las necesidades reales de las personas con discapacidad intelectual, "apostando por la FP Dual y los certificados de profesionalidad".

EMPLEO INCLUSIVO

Ambas entidades denunciaron que las personas con discapacidad intelectual tienen "grandes dificultades para acceder a un empleo", incluso respecto a colectivos con otras discapacidades.

Según los datos del último informe del INE sobre empleo de personas con discapacidad, sólo dos de cada diez personas con discapacidad intelectual en edad de trabajar tienen un empleo.

Ante el actual contexto, "marcado por la discriminación y la desigualdad", Aedis y Plena inclusión reivindican "una transformación que conduzca a un futuro más inclusivo".

“Es necesario un compromiso de la sociedad, las empresas y administraciones públicas para mejorar estos datos y para que más personas con discapacidad intelectual consigan un trabajo estable”, reclamó Pedro Calderón, presidente de Aedis.

Asimismo, desde la organización del Congreso se demandó a las administraciones públicos un "apoyo económico" al movimiento asociativo que garantice la sostenibilidad de las entidades que mantienen proyectos y servicios encaminados a un empleo digno.

Por su parte, Eloísa Gutiérrez, presidenta de Plena inclusión Cantabria, clausuró el encuentro diciendo que el I Congreso Internacional sobre Empleo para las Personas con Discapacidad Intelectual "ha contado con una magnífica participación de la que nos sentimos orgullosos”.