La mayoría de las alegaciones que se han presentado provienen de la Coordinadora Antiincineradora, que agrupa a 25 colectivos y 5 ayuntamientos de Soria y Zaragoza.

La coordinadora pidió al presidente de la Junta deCastilla y León la dimisión de la delegada territorial en Soria por irse de vacaciones el pasado jueves, día 16, cuando tuvo lugar la mayor concentración antiincineradora.

A parte de las 5.000 alegaciones y al mismo tiempo, alrededor de medio millar de personas, en su mayoría zaragozanos, se concentraron hoy frente a la delegación de la Junta de Castilla y León en Soria para acompañar a los alcaldes y concejales que han rechazado el proyecto de construcción de la planta incineradora.

Entre las pesonas que asistieron a la concentración de hoy y en representación de Aragónse encontraban el vicepresidente de la Diputación de Zaragoza, Pascual Marcos; el presidente de la Federación Aragonesa de municipios y provincias y alcalde de Calatayud, Jorge Sanz y dos diputados provinciales.

Por su parte, la delegada territorial en Soria de la Junta de Castilla y León, Encarnación Redondo, se entrevistó con una comisión de municipios sorianos y aragoneses y les reconoció que existe un rechazo social a laconstrucción de la planta.

AMPLIACION DEL PLAZO

Encarnación Redondo anunció que se ampliará el plazo de presentación de alegaciones para los colectivos o instituciones que lo hayan solicitado, "siempre que tengan una base técnica suficiente", añadió.

Redondo adelantó que se prolongará el plazo a la Diputación General de Aragón que la semana pasada pidió un espacio de seis meses para realizar un proyecto que estudie el impacto medioambiental de la provincia aragonesa.

La delegada territoria de la Junta de Castilla y León en Soria reconoció que ese estudio "es una de las grandes carencias del proyecto presentado por la empresa VIRESA".

ROTUNDA OPOSICION

Por su parte el vicepresidente de la Diputación de Zaragoza y presidente provincial del PSOE, Pascual Marco, expresó la "rotunda oposición de los Ayuntamientos zaragozanos de la comarca del Alto Jalón para que se construya la planta".

Las alegaciones de los alcaldes, dijo el líder de los socialistas zaragozanos, inciden en la fala de estudios alternattivos a la hora de escoger la ubicación, la indefinición de los productos que podrían tratarse, la ausencia de un estudio de impacto de las aguas subterráneas y las nulas previsiones de losa riesgos del transporte.

Marco advirtió, además, que existe la necesidad de crear un Pacto Nacional sobre residuos tóxicos y peligrosos.

Pascual Marco, que se mostró muy satisfecho con la concentración de Soria, acusó de oportunista a la DGA porque no ha dado la voz de alarma ante la consrucción de la planta y no ha recibido a ningún Ayuntamiento de los afectados.

En cuanto a la ampliación del plazo de alegaciones para la DGA, anunciada hoy por Encarnación redondo, el vicepresidente de la Diputación de Zaragoza la rechazó señalando que "no hay que ampliar el plazo, lo que hay que hacer es respetar la decisión democrática de todos los ayuntamientos y grupos políticos comarcales".

"La comarca del Alto Jalón desea seguir viviendo de la agricultura, turismo, balnearios y de la riquez que genera el medio ambiente", añadió.