Según el ‘Informe sobre Morosidad’ de la plataforma correspondiente a 2021 dado a conocer este miércoles, el plazo medio de pago a proveedores disminuyó tanto en el sector público (en 16 días, un 21%, pasando de 77 a 61 días), como en el sector privado (un descenso del 6%, cinco días menos, situándose en 72 días frente a los 77 de 2020, en niveles similares a 2019 antes de la pandemia).

Pese a la mejora, la plataforma destaca que estos plazos siguen estando por encima de los legales de 30 días con las administraciones públicas y de 60 días con las empresas.

Además, un 78% señala que su expectativa de plazo de cobro durante 2022 no va a variar y el 75% declara que pedir financiación es la primera opción en caso de necesitar liquidez, mientras que un 19% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago.

De acuerdo con el informe, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación) se cifró en el 4,8%, ligeramente inferior respecto al 5,4% del 2020.

Para el presidente de la plataforma, Antoni Cañete, la mejora en los plazos tiene mucho que ver con las medidas tomadas durante la pandemia, como los créditos avalados por el Estado, los fondos de liquidez adicionales para las comunidades autónomas y la normativa que premiaba a las empresas que saldaban sus deudas con sus proveedores.

Por ello, Cañete, pidió al Gobierno que continúe acometiendo medidas concretas para que prosiga esta tendencia, porque “cuando se actúa se consiguen buenos resultados, y en el ámbito de la morosidad la herramienta principal y definitiva es instaurar un régimen sancionador que multe a las empresas morosas”.

La plataforma también reclamó cierta celeridad en la puesta en marcha de esta normativa, a la vista de los plazos de devolución de los créditos avalados, y “cuando esto ocurra vamos a asistir a una rotura de la cadena de pagos importante; no olvidemos que medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos”, alertó Cañete.

LOS QUE MÁS TARDAN

En el ámbito público, prácticamente la mitad de los encuestados (48%) asegura que la administración local es la que más tarda en pagar, y tan solo un 24% lo hace dentro del plazo legal. La segunda peor pagadora es la administración regional (abarcando un 33% de respuestas), y en último lugar se encuentra la administración central, señalada por el 19% de los encuestados. Para el 81% de los participantes, sus plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal.

En lo que se refiere al sector privado, para el 61% de los encuestados el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas (con una facturación superior a 50 millones de euros).

Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 80% declara que superan el plazo legal. Para el presidente de la PMcM, “el retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez”.

Además, “se constata una vez más la permanencia de condiciones abusivas”, según la plataforma, al indicar que el 66% de los proveedores tuvo el año pasado contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la ley.

A esto también se suma que el 83% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

LEY CREA Y CRECE

Por otra parte, ante la tramitación del proyecto de Ley Crea y Crece, la PMcM ha propuesto a los partidos políticos diversas enmiendas al articulado incidiendo en que la ley “se ha quedado sin fuerza al haberse eliminado en el proyecto la parte que realmente iba a influir sobre la mejora de los plazos de pago” y es la posibilidad de que se pudiera rescindir un contrato de licitación pública en pleno proceso en caso de no estar pagándose en plazo a los proveedores subcontratistas, según Cañete.

Respecto al recientemente anunciado plan de pago a proveedores, la PMcM celebró que el Ministerio de Hacienda haya creado este mecanismo para que las administraciones locales paguen dentro del plazo legal las facturas que tienen pendientes aunque lamentó que esta medida se vea restringida porque “solo se van a pagar facturas contabilizadas antes del 1 de julio de 2021”.

La plataforma también reclamó que se “corrija con la mayor urgencia” el hecho de que los proveedores renuncien a cobrar los intereses de demora.