Así lo trasladó en un encuentro mantenido en Ferraz entre el presidente de la PMP, Ángel Rodríguez Castedo; la vicepresidenta de la PMP y presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), Inmaculada Ruiz; la vicepresidenta de la PMP y presidenta del Colectivo Senior de la ONCE, Manuela Carrión; el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), Juan Manuel Martínez Gómez, y el secretario general de la PMP, Miguel Ángel Cabra de Luna, junto con el secretario del Pacto de Toledo e Inclusión del PSOE, Juan Francisco Serrano, interlocutor para el nuevo Ministerio de Migraciones, Seguridad Social e Inclusión.

El presidente de la PMP calificó de “muy satisfactorio” este encuentro, en el que ha hubo “un clima positivo y una predisposición” por parte del grupo socialista a informar a la PMP de todo aquello que afecte a las personas mayores y pensionistas.

Por su parte, el secretario del Pacto de Toledo e Inclusión del PSOE valoró el papel de la PMP en la defensa de los intereses de las personas mayores y pensionistas y se comprometió a facilitar la interlocución con el Gobierno en esta materia, fortaleciendo el diálogo social.

En este contexto, la PMP demandó “una aplicación real y efectiva” de los derechos de las personas mayores y de su calidad de vida, para lo que reclama “avances importantes” en el sistema de pensiones, la sanidad y la coordinación socio-sanitaria, los cuidados, la dependencia y los programas de autonomía personal, el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores, su protección jurídica, en la soledad no deseada, y en la agenda de la Unión Europea y de los organismos internacionales.

En este sentido, la Plataforma aseguró que trabajará “siendo la voz de las personas mayores y pensionistas para que sea escuchada mediante el diálogo civil constructivo y permanente con los poderes públicos”.

El objetivo, incidió, es garantizar el reconocimiento de su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos, y contribuir a hacer realidad el artículo 50 de la Constitución Española sobre las pensiones, en el que se establece la garantía “de la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad” y la promoción “de su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.