Según informó este colectivo, el referido debate representa una “buena ocasión para reconocer las implicaciones del enfoque de derechos de la infancia en la reunificación familiar, prestando especial atención a prevenir la separación de los niños y niñas de sus familias, garantizar el interés superior de cada niño y niña y proporcionar apoyo a los niños y niñas afectados en situaciones transfronterizas”.

En concreto, la Plataforma de Infancia reclamó que este debate permite sentar las bases del reconocimiento de “todas las formas de familia en los diferentes contextos” y de “los entornos familiares sin discriminación de ningún tipo; que los menores “sean considerados ante todo niños, por encima de su condición de migrantes, sin que puedan ser detenidos por esta razón”; que los procedimientos de determinación de la edad únicamente se inicien cuando exista una duda razonable sobre la edad de una personas; y que la reunificación familiar en el país de origen no se persiga cuando exista un riesgo para los derechos del menor.

En ese sentido, la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, llamó a “reafirmar la importancia del principio del interés superior del menor, lo cual requiere que, tras la llegada de un niño o niña migrante, las autoridades realicen una evaluación individual del interés superior de cada o niña para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde a sus necesidades y a su bienestar”.

A su vez, este colectivo subrayó que en Ceuta “hay muchos niños y niñas en condiciones que distan mucho de ser adecuadas, suponiendo cada día una vulneración de sus derechos fundamentales”, como lo atestigua la “parálisis de los procesos de repatriaciones, frente a la cual se está reclamando la puesta en marcha de soluciones duraderas” para estos chavales, la mayoría de los cuales entraron en la ciudad autónoma el pasado mes de mayo.

Recordó que el Juzgado de la contencioso-administrativo nº1 de Ceuta “fue muy claro” el pasado mes de febrero, al reconocer “la vulneración de derechos que tuvieron lugar el pasado agosto, cuando muchos de estos niños y niñas fueron repatriados sin garantías”.

Por ello, reclamó al Gobierno que “dé pleno cumplimiento, tanto a nivel internacional como dentro de sus fronteras, a los derechos de los niños y niñas” y le conminó a “tomar las medidas necesarias para asegurar” su acogida y protección, “garantizando todos sus derechos, lo que en este momento pasa por buscar soluciones duraderas orientadas a su integración más allá de la repatriación, como el traslado a otras comunidades autónomas o la búsqueda de familiares en la península o en terceros países”.