Lo hizo en un comunicado con motivo de la conmemoración hoy del Día Mundial del Refugiado en el que observó que el Comité de los Derechos del Niño “ha manifestado su preocupación por el hecho de que en España no se reconozca a las niñas y niños como solicitantes de asilo por derecho propio, contemplándolos a nivel práctico sólo en su condición de miembros de una familia.

A juicio de la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, explicó que lo anterior supone “no sólo que sus intereses y derechos no son atendidos y respetados plenamente durante el procedimiento de asilo o en el marco del sistema de acogida, sino también que su realidad queda invisibilizada”.

La organización insistió en que los chavales no reciben “información adaptada a su edad” ni “se garantiza su derecho a ser escuchados de manera independiente”, a pesar de que “existe la obligación de adaptar los procedimientos” a sus necesidades.

También denunció que “no existen procedimientos formales y estandarizados para evaluar y determinar el interés superior de la infancia, ni personal formado específicamente para evaluar sus necesidades”.

A su vez, la organización advirtió de que “no existen recursos residenciales especializados para familias con hijos e hijas”, lo que “puede dificultar la convivencia con otros solicitantes de asilo con los que tienen que compartir casa”.

Del mismo modo, reseñó que los chavales, “en muchas ocasiones, sufren interrupciones en sus procesos de integración, con cambios de colegios o incluso de ciudad, por motivos meramente administrativos”.

Ante esta situación, Almudena Escorial reclamó a las administraciones que actúen para “garantizar los derechos de todas las niñas y niños que necesitan protección internacional, priorizando su interés superior y estableciendo los mecanismos para el ejercicio de su derecho a ser escuchados”.

Por su parte, conminó que se desarrolle reglamentariamente la Ley de Asilo para “garantizar el tratamiento diferenciado de la infancia solicitante de asilo” y que se elabore un reglamento para “regular cómo evaluar y determinar el interés superior de las niñas y niños en el procedimiento de asilo y en el sistema de acogida”.

Por último, llamó a proporcionar “la información necesaria sobre el asilo adaptada a la edad y madurez del niño o niña, así como formar periódicamente a las y los profesionales involucrados en el procedimiento tanto de asilo como de acogida”.