La misiva, presentada el viernes ante los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se recuerda que éstos ya alertaban en 2020 al Gobierno de “esta terrible situación” y le instaban a cumplir la “obligación” de “cumplir los tratados internacionales de derechos humanos”, según informó este miércoles este colectivo.

A pesar de ello, este colectivo deplora en el texto que, pese a que el Ejecutivo reconoce la gravedad de la situación, “tan sólo se ha limitado a regular subvenciones de programas de realojo a largo plazo para algunas de las familias de los sectores cinco y seis de la Cañada Real”.

Luego de afear “esta situación de vulneración de derechos y maltrato institucional”, reclama a los relatores que lleven a cabo un “llamamiento urgente” al “Estado español” para que, “de manera inmediata, se faciliten los medios para restablecer el suministro eléctrico en Cañada Real y proveer de contratos a sus ciudadanos y ciudadanas, y con ello restablecer sus derechos humanos y atender adecuadamente a sus necesidades vitales”.