La plataforma agrupa a las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica que han interpuesto demandas ante la Audiencia Nacional para que se investigue el paradero de estas personas.

Estas asociaciones quieren que la Audiencia Nacional declare la responsabilidad del Estado en esta materia y que ésta asuma la investigación y localización de las víctimas de desapareciones forzadas, dado que creen que no hay un mecanismo administrativo ni judicial efectivo en España para investigar las desapariciones de acuerdo con el Derecho Internacional.

A su juicio, la Ley de la Memoria Histórica de 2007 "ignora a decenas de miles de víctimas de graves crímenes de derecho internacional, como víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales: ni se nombran, ni se aborda la responsabilidad del Estado, dejando a estas víctimas sin indemnizaciones ni vías de acceso a la justicia".

La plataforma avisó días atrás en un comunicado de que, en caso de no encontrar en España una respuesta conforme a Derecho, acudirá a las instancias judiciales internacionales competentes.