Martínez Roibles indicó que este dato revela que la finalidad del plan aprobado ayer por el Consejo de Ministros no es la de aumentar los ingresos, sino combatir un fraude que atenta contra la solidaridad y las prestaciones del Estado.

Sin embargo, en la medida que supone un programa global de la Administración del Estado para combatir los distintos fraudes, considera que representa un "instrumento fundamental de política económica que incide en la magnitud del déficit publicoy en la gestión de los servicios públicos".

El secretario de Estado de Hacienda ha hecho un llamamiento a todas las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas y los ayuntamientos, así como a los sindicatos y a la patronal "para que cooperen en la lucha contra el fraude".

Rechazó que la puesta en marcha de este plan tenga un componente político para relanzar la acción del gobierno y neutralizar la caída de su crédito por las noticias de corrupción. "Si hay algo que no sea improisado es este plan de Lucha contra el Fraude", aseguró, mientras recordó que se trata del resultado de una comisión creada a mitad del año 1993.

El secretario de Estado de Hacienda se ha comprometido a implementar el 90 por cien de las 448 medidas que conforman el plan antes de que termine el año 1995.

La ejecución de estas medidas supondrá la actuación conjunta en unos casos, y por separado en otros, de los ministerios de Economía, Sanidad y Consumo, y Trabajo y Seguridad Social, que podrán intecambiar información entre ellos, para lo que se establecerán sistemas informáticos compatibles.

El plan prevé la introducción de una enmienda en el trámite parlamentario del Proyecto de Ley de Reforma de la Ley General Tributaria para posibilitar la publicidad de las sanciones superiores a 5 millones, en los casos de infracciones graves.

MAYOR VIGILANCIA A PERSONAS CON FUERTES INGRESOS

Por otra parte, se están elaborando los criterios para establecer una relación de personas "de relevancia", esecialmente profesionales a los que se someterá a un especial control y seguimiento del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Entre las medidas que contempla este plan tambien se incluye en el terreno inmobiliario la modificación de la normativa para convertir la inscripción de las operaciones de compra venta en el registro en "elemento constitutivo" del negocio, por lo que los contrato privados no tendrían esa consideración.

Además, el falseamiento del precio de una operación de compra veta entre particulares en escrituras públicas sea considerado como un agravante de un delito fiscal, de acuerdo con las medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros dentro del Plan de Lucha contra el Fraude.

En materia de prestaciones sanitarias, el Plan se centrará en la lucha contra el fraude farmaceútico, con especial vigilancia e inspecciones de los médicos que prescriben cantidades excesivas de fármacos, así como el fraude en la incapacidad temporal.

Desde el punto de vista de la Seguridd Social se vigilará más intensamente el fraude en prestaciones por desempleo, agilizando los procedimientos, y se implementarán medidas para mejorar el control de los ingresos de la Seguridad Social.