El director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente, José María Piñero, explicó hoy que de las 90.000 alegaciones presentadas al texto la mayoría planteaban cuestiones idénticas, miles estaban incluso repetidas.

Las alegaciones incluían alrededor de 5.000 propuestas, aunque muchas de ellas eran similares, por lo que Piñero aseguró que se ueden resumir en 400 planteamientos o sugerencias diferenciadas. De ellas, la comisión aceptará 160.

Piñero indicó en rueda de prensa que la mayoría de las alegaciones fueron presentadas por las comunidades autónomas, los regantes, las organizaciones ecologistas y los agentes sociales.

El director general de Obras Hidráulicas aseguró que las alegaciones aceptadas facilitarán la trasposición al ordenamiento jurídico español de la nueva Directiva de Aguas de la UE, otorgan mayor protagonismo a las omunidades autónomas y los organismo autónomos de cuenca en la planificación y gestión de los recursos hídricos y refuerza los mecanismos de las cuencas cedentes para garantizar la satisfacción de sus demandas.

TRASVASE

El trasvase del Ebro sólo se ralizará cuando esté garantizado el caudal ecológico y los recursos necesarios para satisfacer las concesiones situadas aguas abajo del trasvase.

Además, Piñero aseguró que el agua trasvasada sólo la podrán utilizar quienes estén legalmente autorizads para ello y afirmó que los organismos de cuenca deberán realizar previamente un balance sobre las necesidades reales en las áreas que recibirán los recursos.

Asimismo, las zonas que reciban agua deberán suprimir concesiones para la explotación de acuíferos si éstos están sobreexplotados. Además, las alegaciones sugieren la elaboración de un Plan de Aprovechamiento Sostenible de los Acuíferos.

El director general de Obras Hidráulicas dijo que para que estas medidas se puedan aplicar y evitar el so ilegal de estos recursos, los usuarios deberán constutuir comunidades que se responsabilicen de la gestión eficiente del agua trasvasada.

REGADIOS

Según revela el informe presentado al Consejo Nacional del Agua sobre regadíos ilegales en las cuencas deficitarias, entre el 1,8 y el 3 por ciento de la superficie destinada a esta actividad está en situación de ilegalidad, unas 14.000 hectáreas.

Las alegaciones aceptadas también proponen la elaboración de un Plan de Actuación para Periodos de Seuía y promueve la colaboración entre administraciones para eliminar las infraestructuras y edificaciones situadas en zonas inundables.

El plan hidrológico se someterá a informes cuatrienales para determinar si es o no necesaria su revisión antes de que finalice su plazo de ejecución.