La Conferencia está integrada por el ministerio y por los consejeros de Trabajo de las comunidades autónomas. Está previsto que se decida el presupuesto y la financiación de este progama, por el que España debe comprometerse a ofrecer formación y empleo a todos los jóvenes sin trabajo y a los parados de larga duración de aquí al año 2000.

Así, se desvelará finalmente la aportación financiera que tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen que asumir para el cumplimiento del plan, puesto que algunas (Galicia y Cataluña, en concreto) ya disponen de competencias sobre políticas activas de empleo, mientras que el resto las recibirá este año o el próximo.

Arenas también a estado negociando esta cuestión con las corporaciones locales, dada la relevancia que tendrán en el plan las iniciativas locales de empleo.

El contenido del programa también atiende a algunas de las peticiones de los sindicatos y los empresarios. No obstante, los primeros han amenazado con movilizaciones si no se da un giro radical al contenido del documento y no ofrece objetivos de creación de empleo y de formación concretos. La CEOE, por su parte, ha reclamado una rebaja generalizada de las cotizaiones a la Seguridad Social.

Además, el Ministerio de Trabajo ha recabado la opinión tanto de los partidos políticos como de diferentes organizaciones de carácter social.