La reunión de hoy estuvo marcada por la ausencia de los representantes de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), que declinó asistir al encuentro para mostrar su rechazo al decreto que regula la nueva composición del Consejo.

En virtud del nuevo decreto, el Gobierno designa, en función de la representatividad, a 4 de los 6 representantes de las ONGD en el Consejo, una modificación que, en opinión de la coordinadora, "vulnera los principios de transparencia, publicidad y representaividad".

Así, en el Consejo de hoy han participado, además de sindicatos, patronal, universidades y organizaciones de derechos humanos, tres de las cuatro organizaciones invitadas por el Gobierno: Cruz Roja, Cáritas y Ayuda en Acción. No han asistido ni Intermón ni las dos organizaciones que puede presentar la coordinadora, si bien Intermón ha manifestado su intención de participar en sucesivas reuniones.

Sobre esta polémica por la ausencia de la coordinadora, el secretario de Estado explicó que l decreto no se podía modificar, pero que sí era posible que la coordinadora invitara a participar en la reunión, con voz pero sin voto, a las organizaciones que considerara oportuno. "Nos parecía que era una solución, si había voluntad de participar", aseguró.

"En cualquier caso", subrayó, "lo que no vamos a hacer es dejar de funcionar y que el Consejo deje de hacer cosas y de trabajar" por la ausencia de la coordinadora. "De lo que se trata es de hacer cooperación y no de buscar confrontaciones".

"Cada uno que ejerza su responsabilidad como quiera", dijo Cortés, si bien apuntó que "tener una responsabilidad y una representación y no usarla, no parece que sea lo más razonable, pero bueno, allá cada quien con su responsabilidad. Desde luego, el Gobierno va a ejercer la suya; si la coordinadora no quiere ejercer la suya, nosotros no tenemos nada que decir".

"Lo que nosotros valoramos positivamente es lo que hoy se ha aprobado". En este sentido, explicó que el Consejo de Cooperación ha aprobado l Plan de Cooperación para el 2001, ha constituido un grupo de trabajo sobre el estatuto del cooperante y ha tratado en profundidad sobre los aspectos de la presidencia española de la Unión Europea relacionados con la cooperación al desarrollo.

También se han fijado los criterios sobre programas de fortalecimiento institucional, con especial atención a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales que, a partir de este año, van a ser también agentes activos de la cooperación española, yudando a países, sobre todo iberoamericanos, al fortalecimiento institucional.