Durante una rueda de prensa al término de la reunión del Comité Ejecutivo del PP de Cataluña, Piqué respondió así a unas declaraciones de Pasqual Maragall en las que recordaba que el PSC fue determinante para la elección de Zapatero como líder socialista en el Congreso Federal de 2000.

Piqué lamentó que el propio presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, "reconociera" esta contrapartida en un "ataque de sinceridad" y señala como "inadmisible" que se vanaglorie de que "lo que está pasando es producto del apoyo del PSC a Zapatero para ser secretario general del PSOE".

Manifestó que, "si la política se guiara por la lógica y el sentido común", los partidos catalanes deberían propiciar la retirada del proyecto de Estatut, aunque admitió que el "escenario del acuerdo sigue abierto".

En este sentido, reiteró su convencimiento de que junto al Estatuto se estarían negociando "contrapartidas" en función de alianzas parlamentarias de futuro en Cataluña y España, o en modificaciones o aprobación de leyes orgánicas. Por ello, reclamó y exigió "transparencia para saber cómo se está jugando con nuestras instituciones, que son de todos".

También apuntó la posibilidad de que, ante una hipotética negativa de CiU y ERC a aceptar la última propuesta del PSOE, los socialistas, "atemorizados por los costes" políticos, corrijan su actitud y se avengan a seguir negociando.

Según Piqué, esta reacción demostraría "una tremenda debilidad política por parte de Zapatero y el PSOE" y la "pérdida de credibilidad" tras una sucesión de ultimátums incumplidos porque "están dispuestos a ceder lo que sea para que el Estatut salga como sea".

Piqué denunció el "tacticismo" que ha guiado la negociación del proyecto de Estatut, tanto en Catalunya como en su trámite en Madrid. En este sentido lamentó que los partidos catalanes en lugar de defender unidos el texto "se miran permanentemente de reojo para ver cómo se desgastan unos a otros".

Además, resaltó que el tiempo está poniendo de manifiesto que "los argumentos del PP catalán eran de peso" y que el texto "no se adapta a la Constitución ni a su espíritu" y presenta "poco rigor jurídico y político", particularmente en temas tan sensibles como la financiación.