En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, Matutes explicó que las autoridades chilenas empezaron a contemplar el pasado mes de abril la posibilidad de pedir un arbitraje internacional, al pensar que existe "una controversia con España" y que los tribunales españoles "han violado la convencion de la tortura al pretender ejercer jurisdicción sobre el senador Pinochet".

Según explicó e ministro, una vez transcurridos seis meses desde que un país solicita formalmente a otro un arbitraje internacional, la ausencia de acuerdo entre las partes legitima al solicitante para recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El ministro detalló que los informes jurídicos solicitados por el Ejecutivo reiteraron "la inviabilidad del arbitraje" por la imposibilidad del Gobierno de interferir en decisiones judiciales.

Aún así, las autoridades chilenas insistían a finales de julio n que el Gobierno solicitara al Consejo de Estado un dictamen que ratificara o contradijera la posición española. Durante el mes de agosto, dijo Matutes, "he considerado tal posibilidad y pensaba, incluso, proponérselo a sus señorías" porque hubiera dado argumentos a Chile acerca de la ausencia de maniobra del Gobierno.

Sin embargo, esta posibilidad quedó fuera de lugar una vez que las autoridades chilenas, en una nueva carta enviada con fecha tres de septiembre, "invitan formalmente" al Gobierno espaol a iniciar las conversaciones para, en su caso, negociar el arbitraje y, más adelante, si no hay acuerdo, recurrir a La Haya.

Matutes anunció que el Gobierno atenderá a su obligación de mantener estas conversaciones, pero aseguró que ya ha dejado clara a Chile la falta de maniobra del Gobierno español, toda vez que la jurisdicción y el fondo del asunto están en manos de los jueces y el Ejecutivo no puede sustraerlo de este ámbito. "Habrá conversaciones, pero no puede haber arbitraje", sentenció Matues.

Al comienzo de su comparecencia, el ministro recalcó que el Gobierno español ha mantenido siempre la misma posición en este caso, atendiendo a su obligación de respetar la independencia de los jueces y tramitando sus peticiones, sin tomar iniciativa alguna que pudiera interferir, pero, a la vez, tratando de preservar unas relaciones cordiales con Chile.