El portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, señaló a Servimedia que se trata de una decisión esperada, y agregó que lo criticable es que en ella han primado las "azones políticas" sobre las jurídicas.

En cualquier caso, precisó que quien tiene derecho a adoptar una resolución es la soberanía británica, aunque subrayó que, con vistas al futuro, la persecución de delitos de este tipo se va a ver distorsionada siempre por situaciones como la actual.

En los mismos términos se manifestó Ricardo Bodas, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JPD), quien consideró "lamentable" la resolución del Ejecutivo británico y puntualizó que "desdice la toma d posición en su momento" del ministro del Interior, Jack Straw, y de la Administración a la que pertenece.

Tras recalcar que se trata de una decisión política, Bodas indicó a Servimedia que el ministro británico "se ha sacado de la manga unos informes médicos que no dudamos de su solvencia científica, pero que no conoce nadie más que él y sus autores", al tiempo que acusó al Gobierno del PP de adoptar una postura contradictoria al decir en un principio que iba a cumplir estrictamente los mandatos judiiales y plegarse ahora a la voluntad del Gobierno británico.

Por su parte, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Adrián Salazar, calificó de "muy negativo" lo que está ocurriendo y afirmó que la decisión obedece a criterios estrictamente políticos y sustrae el conocimiento de los hechos imputados al ex dictador de la Administración de Justicia, que es la que debería enjuiciarlos.

"En el fondo, aparte de ser una decisión política fraudulenta en el sentido de que evita que se juzuen los delitos cometidos por el señor Pinochet, determina una total desprotección a las víctimas. Entendemos que es una decisión política consensuada por parte de los gobiernos chileno, inglés y español", dijo Salazar a Servimedia.

EPISODIO RENTALBE

José Luis Requero, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), dijo que se trata de una decisión satisfactoria para todos los países implicados en este asunto, puesto que la base va a ser al final un dictamen médico y no una resolucin políticamente discutible.

En declaraciones a Servimedia, Requero añadió que el "caso Pinochet" ha sido un episodio "francamente rentable" para ciertos ámbitos de la justicia española, en la medida en que ha adquirido "una fama internacional cuasiplanetaria a cambio de nada, puesto que jamás se va a poder contrastar la solidez jurídica de toda esta actuación judicial".

Finalmente, el portavoz de la Asociación de Fiscales (AF), Martín Rodríguez Sol, eludió, en declaraciones a Servimedia, pronuncirse sobre esta cuestión, argumentando que se trata de un asunto meramente político.