A su juicio, esta decisión refuerza la tesis de que la extradición del ex dictador chileno sigue siento un asunto judicial, y no político, como pretende el Ejecutivo dirigido por José María Aznar.

Significa, bajo su punto de vista, una clara "desautorización de la posición de bloqueo del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que unilateralmente ha decidido que el procedimiento no es judicial y que ha dejado fuera de juego al juzgado español y a las acusaciones personadas", l negarse a tramitar las alegaciones del juez Baltasar Garzón en contra del rechazo a la extadición del ministro de Interior británico, Jack Straw.

De Santiago, destacó la "sorpresa" que causó en las instancias judiciales británicas el hecho de que España no haya actuado como parte en el procedimiento cuando es la impulsora del mismo.

Considera, por tanto, que "llueve sobre mojado" al entender el Tribunal Superior de Londres que "estamos en un procedimiento judicial".

En este sentido, el aboado que representa a IU recordó al Ministerio de Asuntos Exteriores puede tramitar en cualquier momento las alegaciones del juez Baltasar Garzón porque no hay ningún límite temporal para hacerlo, aunque expresó su desconfianza porque depende de "una decisión política", aun cuando desde el punto de vista legal, "lo que debería el ministerio es tramitar todas las peticiones".

Con esta decisión, los tribunales británicos admiten que las organizaciones de derechos humanos tienen "plena legitimación procesl" y eso "es importantísimo" porque admite que el proceso sea impulsado por personas o entidades no directamente afectadas por los hechos, como defendía IU.

Aunque el abogado reconoció que esta decisión es positiva, insistió en que "no servirá de nada si no se entra en el fondo de la revisión judicial".