En un auto hecho público hoy, Garzón no sólo rechaza el recurso de la Fiscalía -que probablemente volverá a recurrir en queja ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional-, sino que desmonta punto por punto los alegatos del fiscal Pedro Rubira.

Garzón recuerda a la Fiscalía que el juez, tal y como establece la ley, debe interesarse por todas las circunsancias que rodean a un caso y, dentro de esta obligación legal, se situá su petición de información al Ministerio de Asuntos Exteriores.

El juez insiste en que su escrito dirigido al ministro Abel Matutes "es respetuoso, cumple los requisitos formales y no dirige imputación alguna" contra el alto responsable de Exteriores y que, afirmar lo contrario, como hace el fiscal, "es falso".

ARBITRAJE

El fiscal de la Audiencia Nacional señaló en su recurso que un supuesto arbitraje internacional no afecaría al procedimiento judicial abierto por la Justicia española.

Para Garzón, esta afirmación es "gratuita" puesto que "no es cierto que un arbitraje amistoso relativo a cuestiones nucleares para un procedimiento sumarial, como es el mantenimiento o no de una demanda de extradición, (...) sea ajeno al sumario en que tales circunstancias concurren".

El escrito del juez señala que no debe confundirse el ámbito político con el judicial, pero recuerda que las consecuencias de la potencial decisión poítica del arbitraje pueden determinar cambios en la situación del proceso penal.

Así, subraya que "por dicha hipotética decisión" el general Augusto Pinochet podría ser sustraído de la jurisdicción que le mantiene actualmente procesado y pendiente de un proceso de extradición.

Para Garzón, decir que el arbitraje no afecta al proceso "hiere la más elemental sensibilidad de las partes en el proceso, de las víctimas personadas y del propio órgano jurisdiccional, ya que evitar la continuación del proeso de extradición ya iniciado y el eventual traslado a España para ser juzgado de aquél que aparece presuntamente como el primer y más importante de los posibles responsables, supondría necesariamente el sobreseimiento real de la causa para el mismo".

Finalmente, el juez rechaza también que no pueda conocer si existe o no un dictamen del Consejo de Estado sobre este asunto, ya que considera lógico pedir esta información para incorporarla a la causa "sin que por ello se pretenda indicar a la AutoridadAdministrativa lo que debe o no debe hacer".

Ahora, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional le queda la opción de recurrir en queja ante la Sala de lo Penal de este organismo que, dada las fechas en las que estamos, no resolverá antes de septiembre. Mientras tanto, Garzón puede mantener su actividad instructora.