Esta visita se enmarca en el sumario abierto por el juez español para aclarar la desaparación de españoles durante la dictadura de Pinochet y es la continuación de una comisión rogatoria enviada a Estados Unidos por la justicia española para buscar datos relativos a las actuaciones supuestamente delictivas de las Fuerzas Armadas chilenas durante la dictadura.

El juez recopilará datos facilitados por la fiscalía de los Estados Unidos y que han surgido de ivestigaciones llevadas a cabo en este país. También interrogará a cuatro chilenos que tuvieron que abandonar su país tras el golpe de estado de Pinochet. Uno de los chilenos que serán interrogados perteneció a los servicios secretos norteamericanos e incluso llegó a ser fiscal en ese país.

En la causa abierta por el juez español se investiga también la existencia de una red terrorista internacional, que habría nacido al amparo del general Pinochet, y a la que se atribuyen asesinatos realizados en Espaa, Italia, Francia, Portugal y Estados Unidos, entre ellos el del ex ministro chileno Orlando Letelier, asesinado en Washington (Estados Unidos) en 1976.

El juez García Castellón viajará acompañado por el fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, a pesar de que la Fiscalía de este organismo, dirigida por Eduardo Fungairiño, ha mostrado en reiteradas ocasiones su oposición a que la justicia española siga instruyendo este sumario y el abierto por el juez Garzón en relación con la desaparición de epañoles durante la dictadura argentina.

La expedición española viajará directamente a la ciudad de Washington, donde, al parecer, permanecerán cuatro días recogiendo datos.

EL AFORADO PINOCHET

La nueva condición de senador que está a punto de adquirir el ex dictador chileno Augusto Pinochet podría dar un vuelco a todo este procedimiento, ya que ese rango haría que la justicia española tuviese que tratarle como a persona aforada, lo que significa que debería ser juzgado por el Tribunal Supremo. No obstante, se trataría del primer caso de juicio a un aforado chileno, por lo que tendría que consultarse al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, quien tiene aún pendiente una resolución definitiva sobre la competencia de los tribunales españoles para continuar con la instrucción de estos sumarios.

No existen antecedentes en la justicia española, donde puede únicamente encontrarse el caso del empresario jerezano José María Ruiz Mateos, que tuvo que ser juzgado por el Tribunal Supremo al se parlamentario europeo.