En su auto, Garzón, a la vista de que la Cámara de los Lores sólo permite la extradición de Piochet a España por delitos de torturas, decidió procesar al general chileno por unos 70 nuevos casos de torturas. Estos fueron incorporados a la solicitud de extradición remitida a las autoridades británicas.

Según el fiscal del caso, Ignacio Peláez, que ya presentó un recurso de reforma contra el mismo auto, el hecho de que Garzón enviara la ampliación de la querella a la Fiscalía británica supone una "ampliación extradicional" que no se ajusta a Derecho.

En su opinión, en lugar de enviarlo "dirctamente a la Fiscalía británica", Garzón debió enviar el auto recurrido al presidente de la Audiencia Nacional para que éste lo remitiese al Ministerio de Justicia, con el fin de que el Consejo de Ministros tomase la decisión oportuna.

Por otra parte, el fiscal ha solicitado también a la Sala de lo Penal que deje en suspenso la providencia por la que Garzón pregunta al ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, si había dado información al Gobierno chileno sobre el "caso Pincohet" y si las autoriddes de dicho país le habían informado sobre la eventual celebración de un arbitraje sobre el asunto.

El fiscal pide que estas diligencias queden en suspenso hasta que la Audiencia Nacional resuelva el recurso de queja que presentó contra dicha providencia.

Por otra parte, fuentes jurídicas aseguraron hoy que las autoridades belgas han solicitado también la extradición del ex dictador chileno. De esta forma, Bélgica se convierte en el cuarto país que solicita la presencia de Pinochet para juzgarlo Antes lo hicieron España, Francia y Suiza.