Requero dijo a Servimedia que entre las funciones que tiene el Consejo de Estado está elaborar aquellos ictámenes que se le reclamen "cuando las necesidades lo aconsejen".

Sobre la legalidad de someter el caso a un arbitraje, el portavoz de la APM dijo que en estos momentos no tiene datos suficientes para pronunciarse, aunque opinó que hay que distinguir la vertiente penal de la diplomática.

A su juicio, lo que sucede en el "caso Pinochet" es que los gobiernos español y chileno intentan llegar a un solución "desde el punto de vista político" para "salir del embrollo jurídico en el que está este asuto".

Preguntado sobre si detener un proceso de extradición mediante el arbitraje entre gobiernos puede menoscabar la independencia de la Justicia española, Requero manisfestó: "Una cosa es el sentido del Poder Judicial y otra el asunto (el 'caso Pinochet') que ha iniciado el juez Baltasar Garzón y que no se sabe a dónde va a conducir".

"Esto tiene todas las trazas de intentar buscar una solución política a un asunto que desde el punto jurídico tiene una base dudosa", concluyó.