La iniciativa de Amiistía Internacional señala que el bloqueo del recurso pedido por el juez Garzón le impediría ejercitar sus responsabilidades como tal, "responsabilidades que el Gobierno debería respetar y apoyar".

De igual modo, urge al Gobierno español a que transmita a las autoridades británicas la solicitud de Garzón para que la Fiscalía de la Corona persista con el caso hasta que todas las posibilidades legales queden agotadas.

Para Amnistía Internacional, el Gobierno español fundamenta su negativa a tramita el mencionado recurso en un "argumento equivocado", al señalar (el Ejecutivo) que la hipotética puesta en libertad del general chileno se encuadraría en el ámbito político, cuando la toma de esa decisión corresponde en exclusiva al titular británico de Interior.

No obstante, recuerda la organización humanitaria que el propio Jack Straw ha admitido que el caso es "cuasi judicial", e incluso que su decisión podría ser objeto de revisión por parte de los tribunales.

Sobre este particular, a juicio e Amnistía, la decisión adoptada por el Tribunal de la Corte Divisional el pasado día 8 de este mes, por la que admitió estudiar los recursos presentados por el Gobierno de Bélgica y seis ONG, ha demostrado que "éste es aún un asunto judicial".