Según AI, la limitación que establece la sentencia de la Cámaa de los Lores, al afirmar que la ausencia de inmunidad sólo puede aplicarse a partir de la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura en el Reino Unido, España y Chile, es decir, a partir de 1988, no debe impedir que continúe adelante el proceso de extradición.

La organización de defensa de derechos humanos considera que, aunque Pinchet sólo fuera juzgado por un caso, sería suficientemente importante como para que las autoridades británicas cumplan su compromiso con la legislación internacional y permitan la extradición del ex dictador a España, o a los otros países que lo han solicitado.

Por este motivo, AI ha puesto a disposición de las personas interesadas en apoyar la campaña "Ayúdanos a hacer justicia" el teléfono 902 119113, para facilitarles información sobre cómo colaborar en la acción.

La ONG pretende que el ministo del Interior británico permita a los tribunales considerar los cargos penales presentados contra Augusto Pinochet para determinar si es inocente o culpable de los cargos de violaciones de derechos humanos por los que ha sido acusado.

Si el ministro decide dictar la orden de iniciar procedimiento sobre la solicitud de extradicción, el juez de primera instancia celebrará vistas para determinar si el Gobierno español ha presentado pruebas suficientes para justificar la extradición. Si determina que sí,el juez ordenará que el ex general contúe en el Reino Unido hasta que el ministro del Interior decida si debe ser entregado o no a las autoridades españolas.

La legislación británica otorga al ministro una amplia discreccionalidad para decidir sobre la extradición. Sin embargo, AI sostiene que cualquiera que sea el poder discrecional que el derecho nacional confiere al ministro del Interior para denegar la extradición, en los casos de tortura o de crímenes contra la humanidad el derecho internacional imita tal poder.