En un comunicado, Amnistía recuerda que cualquier Estado de Derecho "no debe apartarse de su obligación legal e extraditar o procesar a los presuntos autores de torturas".

A su juicio, si llega a buen fin la pretensión de este arbitraje hispano-chileno, se convertiría en "un duro revés" para la lucha contra la impunidad por la tortura y contra las desapariciones de miles de ciudadanos chilenos y de otras partes del mundo.

Esta organización destaca además la inviabilidad del arbitraje entre los dos países, ya que, además de España, otros Estados europeos, como Francia, Bélgica y Suiza, han pedido también a extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet.