El presidente de esta organización, Antoni Cañete, recordó que esta medida tendrá un impacto más grande en las micro y pequeñas empresas, tal como indican varios estudios como el del BBVA Research o los indicadores de la OCDE y el Instituto Nacional del Estadística (INE). Asimismo, Cañete puso de manifiesto que no se puede restar más capacidad de crecimiento empresarial, así como de creación de ocupación y riqueza y destacó que esta medida afectará directamente al progreso social y económico del país, según recogió Pimec en una nota de prensa.

Pese a esto, desde Pimec reconocieron que España necesita una mejora general de la organización y del tiempo de trabajo en España pero recordaron que las pymes y las personas autónomas continúan haciendo frente a elevados costes empresariales a consecuencia de las diferentes crisis de los últimos años, la tensión inflacionaria y el incremento de las cotizaciones sociales.

Además, denunciaron el elevado nivel de burocracia administrativa y el aumento de los recursos que tienen que destinar a cumplir normativas y otras obligaciones, hecho que se complicaría todavía más con un endurecimiento del registro horario. Además, recordaron el hecho de que esta medida también comportará la necesidad de incorporar trabajadores y trabajadoras para cubrir las horas de trabajo, situación que se da en un momento en el que existen sectores con dificultades para encontrar profesionales.

Por ello, desde Pimec solicitaron al Gobierno planes para la mejora de la productividad y medidas para la reducción del absentismo laboral y la gestión de bajas laborales, Asimismo, solicitan que la mejora del tiempo de trabajo y eventualmente, la reducción de la jornada, se vehiculen a través de la negociación colectiva, respetando su autonomía y adaptación flexible de las medidas, así como haciendo seguimiento de las mejoras generalizadas.

También solicitaron la puesta en marcha de incentivos fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social para compensar los costes por parte de las empresas y "no causar un efecto inflacionario". Por otra lado, también consideraron "oportuno" adaptar la normativa de salud y seguridad laboral a esta coyuntura.

En cuanto a la contratación pública y las actividades con precios regulados, también propusieron que cualquier norma que se adopte comporte el principio de corresponsabilidad de las administraciones, con la posibilidad de adaptación automática de precios para evitar el desequilibrio en la relación pública y privada por la aplicación de la medida y evitar problemáticas como las surgidas con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por último, solicitaron medidas para solicitar la retención del talento, puesto que una medida unilateral de este tipo "puede generar una pérdida de competitividad y hacer incrementar la rotación laboral".